PRESIDENCIA ES EL ORGANISMO QUE MÁS RECLAMOS JUDICIALES ENFRENTÓ POR NO ENTREGAR INFORMACIÓN

Desde 2014 hasta 2023 sólo 84 casos llegaron a la Justicia.

Fuente: Semanario Búsqueda Uruguay

INCUMPLIMIENTO GENERALIZADO: ORGANISMOS ESTATALES BAJAN NIVELES DE TRANSPARENCIA A 15 AÑOS DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Según el Índice de Transparencia Activa en Línea (ITAeL) 2023, a 15 años de la implementación de la Ley N° 18.381 de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Uruguay, los organismos del Estado presentan un bajo nivel de cumplimiento de esta normativa. El índice elaborado por la ONG Cainfo revela que el promedio de cumplimiento es de apenas 35,58%, mostrando una tendencia decreciente y consolidando el peor resultado desde la creación del índice hace diez años.

De los 271 organismos relevados, solo el 2,95% cumple con un alto nivel de la normativa, publicando más del 80% de la información requerida. En contraste, el 61,99% de los sujetos obligados cumplen con menos de la mitad de las exigencias de publicación de datos. Los organismos encargados del control de la transparencia estatal y la lucha contra la corrupción presentan niveles insatisfactorios de cumplimiento, al igual que los municipios, organismos estatales del tercer nivel de gobierno.

A pesar de que la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública se encuentra vigente desde 2008, promoviendo la transparencia en todos los organismos públicos, estatales y no estatales, el incumplimiento persiste. El índice refleja un comportamiento oscilante a lo largo de los años, sin un avance significativo en los niveles de transparencia, según se desprende del informe.

La falta de transparencia abarca diversas categorías de información, desde la ausencia de balances financieros hasta la falta de formas de contacto y horarios de atención al público. La plataforma Gub.uy, diseñada para facilitar el acceso a la información, no ha mejorado la situación y, en algunos casos, ha empeorado la calidad de la información disponible.

En términos de participación ciudadana, gobierno abierto y atención a necesidades de grupos específicos, la mayoría de los organismos no cumple con las recomendaciones internacionales.

Fuente: M24

EL GOBIERNO SIMPLIFICÓ VARIOS TRÁMITES PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA

El gobierno simplificó varios trámites públicos de cara a la ciudadanía a partir de la aprobación de un decreto para avanzar en la interoperabilidad entre las entidades estatales, para lograr así reducir la documentación requerida.

El Poder Ejecutivo aprobó el decreto N° 353/023 en el correr del mes de noviembre, el cual establece algunas obligaciones por parte de las entidades públicas, asociadas a la actualización, intercambio y revisión periódica de la información vinculada a los trámites ofrecidos.

A partir del nuevo decreto, las entidades públicas ya no deberán solicitar certificados, constancias, testimonios u otra documentación de similar naturaleza cuando la información pueda obtenerse a través del acceso a sistemas informáticos de otras entidades.

Entre los ejemplos, ya no se solicitarán certificados del Banco de Previsión Social (BPS) o de buena conducta, fotocopias de la cédula de identidad, o una habilitación por parte de la Dirección Nacional de Bomberos.

Interoperabilidad: las entidades públicas tendrán 120 días para obtener la información

Asimismo, establece un plazo de 120 días corridos para que las entidades públicas obtengan la información disponible en la plataforma de interoperabilidad, sin tener que solicitar la misma a las personas.

A su vez, prevé alternativas como el acceso autorizado al sistema de la institución proveedora de la información o la expedición de versiones digitales de constancias o documentos suscritas con firma digital, asegurando en este último caso su remisión por medios digitales seguros.

El decreto indica también la obligatoriedad de que los organismos publiquen y revisen periódicamente los trámites y requisitos que están detallados en el Catálogo de Trámites y Servicios del Estado.

Desde el Ejecutivo se busca continuar avanzando en la digitalización e interoperabilidad en la Administración Pública promovida por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), en coordinación a los demás organismos estatales.

Fuente: www.ambito.com

SALTO GRANDE Y LA CUESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA ¿PROBIDAD FORZADA EN UN ASUNTO INTERNACIONAL?

Por Lic. Rodrigo Ríos

La temática concerniente a Salto Grande ha sido explosiva en cuanto al impacto mediático a nivel local y nacional, suscitándose de forma urgente la polémica cuando surgen nuevos datos en prensa o redes sociales en cuanto a la cuestionada política de recursos humanos en el organismo binacional, o también, las millonarias partidas presupuestales que autoriza el Ministerio de Economía y Finanzas, financiadas con recursos de rentas generales con los cuales se financian gastos de funcionamiento y remuneraciones, entre otros.

Es evidente que el avance tecnológico generado como consecuencia de la sociedad de la información en la que vivimos no deja libres a los gobernantes o administradores de turno del escrutinio público. Y todo eso apunta a que la información fluye en las redes, en la Internet. Aquí es el punto clave, mucha de esta información que circula es producto de lo que el gobierno hace público mandatado por las leyes nacionales para transparentar la gestión de los recursos.

Más allá de todo eso, se debe destacar la naturaleza de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande como un organismo internacional y por lo tanto regulado de forma diferente a lo que es un organismo de Poder Ejecutivo, como lo es un Ministerio. No obstante, Salto Grande publica sus balances a través del Ministerio de Economía y Finanzas, realiza una auditoría que siempre envía al momento de estudiarse las rendiciones de cuentas en el Parlamento Uruguayo. Todo esto se envía y se pone a consideración de los legisladores para el estudio en cada rendición de cuentas.

Asimismo, el Tribunal de Cuentas interviene preventivamente los gastos (partidas) antes de que estas lleguen al Organismo Internacional, en este sentido, el Tribunal emite siempre que se transfieran fondos una resolución interviniendo el gasto. Esto se da en el caso del Ministerio de Economía como en el caso de UTE.  Según el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) es a través del programa 540 “Generación, distribución y definición de la política energética” que se transfieren 744 millones de pesos para cada ejercicio presupuestal anual y refuerzos de créditos.

Legisladores del oficialismo como de la oposición han realizado pedido de informes no por la ley 18.381 sino por vía de la Constitución que habilita al contralor de los legisladores al Gobierno. En tal sentido, hasta el momento se han respondido cuatro pedidos de informes a legisladores de oficialismo como de la oposición, pero cabe resaltar que las respuestas son parciales (no se contestan todas las preguntas) por la cuestión que mencionamos al principio.

Uruguay y Argentina como países han suscripto a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2006), en el “Art. 10 Información Pública” de dicha Convención se señala que los Estados parte deben instrumentar las medidas necesarias para favorecer la transparencia como forma de prevención de la corrupción.

En conclusión, debe ser un compromiso de los gobiernos uruguayo tanto como argentino llegar a acuerdos para que la información pública llegue a la ciudadanía como a los legisladores electos democráticamente. Mientras tanto seguirá siendo un asunto de probidad forzada con respuestas a medias en lo que hace a la gestión del organismo. 

PRESENTAN PROYECTO DE LEY PARA GARANTIZAR ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y OTORGAR POTESTADES SANCIONATORIAS A LA UAIP

 

El proyecto propone modificar la Ley N° 18.381 para otorgar potestades sancionatorias a la Unidad de Acceso a la Información Pública y exigir pruebas de interés público en la información confidencial. Se establecerán sanciones por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley, fundamentadas en el derecho humano al acceso a la información pública. 

El texto destaca la importancia de acreditar el interés público para la clasificación de la información como confidencial y otorga poderes de decisión y sancionatorios a la Unidad de Acceso a la Información Pública para garantizar el acceso a la información pública. 

El Profesor Durán Martínez es citado para respaldar la necesidad de atribuir poderes de decisión y sancionatorios a la Unidad de Acceso a la Información Pública, así como para evitar situaciones en las que los interesados ​​se vean obligados a recurrir a la vía judicial por desconocimiento de la norma. 

El proyecto también establece sanciones por incumplimiento de acceso a la información pública, incluyendo observación, apercibimiento y multas, y propone responsabilizar a las jerarcas de los organismos obligados a denegar injustificadamente la información solicitada.

El proyecto fue presentado por Rafael Menéndez Cabrera, representante por Tacuarembó, Nazmi Camargo Bulmini, representante por Rivera, y Martín Sodano, representante por Montevideo.

Acceso al Proyecto de Ley

RESOLUCIONES DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (NOVIEMBRE 2023)

A continuación se adjunta link por el cual podrá acceder a las resoluciones dicatadas por la UAIP para el mes de Noviembre de 2023.

Resoluciones Noviembre 2023

DENUNCIA PRESENTADA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY 18381: MINISTERIO DE TURISMO DE URUGUAY NO RESPONDE A PEDIDO DE INFORMES SOBRE COSTOS DE EVENTO TERMATALIA

 

En una situación que resalta la importancia de la transparencia gubernamental, se ha presentado una denuncia ante la Unidad de Acceso a la Información Pública por parte de un ciudadano preocupado. La denuncia acusa al Ministerio de Turismo de Uruguay de no cumplir con la Ley 18381 al no responder en el plazo establecido a un pedido de informes sobre los costos asociados al evento Termatalia.

Según fuentes cercanas, el evento Termatalia, organizado por el Ministerio de Turismo, habría involucrado gastos por un total de 400 mil dólares. La solicitud de informes, presentada bajo los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública, buscaba obtener detalles específicos sobre la asignación de estos fondos.

A pesar de los plazos legales establecidos para la entrega de información, el Ministerio de Turismo no ha respondido al pedido, generando inquietud en la ciudadanía y llevando a la presentación de la denuncia formal.

Este caso destaca la necesidad de una rendición de cuentas clara y oportuna en la gestión de eventos financiados por entidades gubernamentales. La falta de respuesta del Ministerio de Turismo plantea interrogantes sobre la transparencia de sus acciones y el cumplimiento de las normativas vigentes.

La Unidad de Acceso a la Información Pública será la encargada de evaluar la denuncia y tomar las medidas correspondientes para garantizar el cumplimiento de la ley y la divulgación de la información solicitada. Este incidente subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de transparencia en la gestión pública para mantener la confianza de la ciudadanía.

El Ministerio de Turismo ahora se encuentra bajo escrutinio público, enfrentando las consecuencias de la denuncia presentada. La transparencia en la administración de fondos públicos es esencial para mantener la integridad y confianza en las instituciones gubernamentales. Este caso servirá como un recordatorio de la importancia de cumplir con los principios establecidos por la Ley 18381 en Uruguay.

Fuente: todonoticias.com.uy