Por Lic. Rodrigo Ríos
La temática concerniente a Salto Grande ha sido explosiva en cuanto al impacto mediático a nivel local y nacional, suscitándose de forma urgente la polémica cuando surgen nuevos datos en prensa o redes sociales en cuanto a la cuestionada política de recursos humanos en el organismo binacional, o también, las millonarias partidas presupuestales que autoriza el Ministerio de Economía y Finanzas, financiadas con recursos de rentas generales con los cuales se financian gastos de funcionamiento y remuneraciones, entre otros.
Es evidente que el avance tecnológico generado como consecuencia de la sociedad de la información en la que vivimos no deja libres a los gobernantes o administradores de turno del escrutinio público. Y todo eso apunta a que la información fluye en las redes, en la Internet. Aquí es el punto clave, mucha de esta información que circula es producto de lo que el gobierno hace público mandatado por las leyes nacionales para transparentar la gestión de los recursos.
Más allá de todo eso, se debe destacar la naturaleza de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande como un organismo internacional y por lo tanto regulado de forma diferente a lo que es un organismo de Poder Ejecutivo, como lo es un Ministerio. No obstante, Salto Grande publica sus balances a través del Ministerio de Economía y Finanzas, realiza una auditoría que siempre envía al momento de estudiarse las rendiciones de cuentas en el Parlamento Uruguayo. Todo esto se envía y se pone a consideración de los legisladores para el estudio en cada rendición de cuentas.
Asimismo, el Tribunal de Cuentas interviene preventivamente los gastos (partidas) antes de que estas lleguen al Organismo Internacional, en este sentido, el Tribunal emite siempre que se transfieran fondos una resolución interviniendo el gasto. Esto se da en el caso del Ministerio de Economía como en el caso de UTE. Según el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) es a través del programa 540 “Generación, distribución y definición de la política energética” que se transfieren 744 millones de pesos para cada ejercicio presupuestal anual y refuerzos de créditos.
Legisladores del oficialismo como de la oposición han realizado pedido de informes no por la ley 18.381 sino por vía de la Constitución que habilita al contralor de los legisladores al Gobierno. En tal sentido, hasta el momento se han respondido cuatro pedidos de informes a legisladores de oficialismo como de la oposición, pero cabe resaltar que las respuestas son parciales (no se contestan todas las preguntas) por la cuestión que mencionamos al principio.
Uruguay y Argentina como países han suscripto a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2006), en el “Art. 10 Información Pública” de dicha Convención se señala que los Estados parte deben instrumentar las medidas necesarias para favorecer la transparencia como forma de prevención de la corrupción.
En conclusión, debe ser un compromiso de los gobiernos uruguayo tanto como argentino llegar a acuerdos para que la información pública llegue a la ciudadanía como a los legisladores electos democráticamente. Mientras tanto seguirá siendo un asunto de probidad forzada con respuestas a medias en lo que hace a la gestión del organismo.
